Juristas dicen con ley de extinción podrían cometerse abusos

Santo Domingo.-Desde hace tiempo en el Congreso Nacional se está debatiendo el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio, una normativa que de aprobarse podría conllevar a que se cometan abusos y arbitrariedades, han considerado juristas expertos en la materia.

Sobre el asunto opinaron los abogados constitucionalistas Jottin Cury, Eduardo Jorge Prats y Nassef Perdomo, quienes fueron consultados por elCaribe de manera separada.

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio, del cual la comisión bicameral apoderada de la pieza rendirá este miércoles un informe favorable ante el Senado, crearía un mecanismo que permitirá al Estado despojar a las personas de su propiedad, incluso sin necesidad de que se pruebe la comisión de un delito, explicó el abogado Perdomo.

Para Cury, exjuez del Tribunal Constitucional, la falta de institucionalidad del país daría pie a la comisión de abusos basándose en esta norma, que a su entender, debió circunscribirse únicamente a los funcionarios públicos y a las estructuras del crimen organizado y no a todo el mundo de manera general.

“De manera que es peligroso en este aspecto, pues se presta a retaliaciones. Se debe tener cuidado, repito, por la ausencia de institucionalidad”, precisó.

Ese mismo pensamiento lo tiene Perdomo, quien cree que “es casi una garantía” que si el proyecto se aprueba tal cual está, sería usado para fines abusivos. Dijo que solo hay que imaginarse qué podría hacer en el futuro un Ministerio Público corrupto con todo el poder que le daría la ley.

“Debe haber una ley de extinción de dominio, pero tiene que respetar la institucionalidad democrática”, agregó.

Siendo muy claro, el abogado Jorge Prats precisó que con la Ley de Extinción de Dominio se crearía un instrumento para despojar del derecho de propiedad a las personas sin las garantías constitucionales debidas y que con esto habría inseguridad jurídica entorno a este derecho fundamental.

Explicó que esto se debe a que el actual proyecto de ley contempla una presunción de ilicitud sobre los bienes de los sujetos perseguidos, y que entonces, serían las personas procesadas las que deban demostrar la procedencia lícita de los bienes que ostentan.

“Esto crea una inseguridad jurídica entorno al derecho fundamental de la propiedad, que podrá ser cercenado aun cuando su titular ostente títulos legítimos otorgados por el Estado, como son los certificados de título y las matrículas de vehículos de motor”, dijo.

Por otro lado, Jorge Prats manifestó que como el proyecto de Ley propone que los bienes cuyo dominio resulte extinguido sean adjudicados en un 95% al presupuesto del Ministerio Público, esto promovería un incentivo para que dicho órgano persiga casos que aumenten su partida sin tener un límite ya que la normativa carece de esto